Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, el paraíso de la corrupción

Por : Ruben Díaz 

El Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla es un paraíso de la corrupción, en donde trabajan con mafias “monta-deudas” cuyos integrantes crean préstamos ficticios e inverosímiles para apoderarse de propiedades de sus víctimas, al amparo de la corrupción de servidores públicos del Gobierno del Estado de Puebla, quienes se prestan al mejor postor.

Para muestra un botón y una historia, lamentablemente real.

Al azar, analizamos el Folio Real del Inmueble inscrito con el número 0164765, del cual, el día 15 de febrero de 2019, se realiza una inscripción de primer aviso preventivo de consolidación y de garantía hipotecaria.

Y el día 14 de mayo de 2019, se realiza una inscripción de segundo aviso preventivo de consolidación y garantía hipotecaria, los cuales se inscriben dentro del plazo legal establecido por la ley.

En la cadena del tiempo y de acciones institucionales, el día 30 de agosto de 2019, se inscribe un embargo, proveniente del oficio número 1385 emitido por el Juez Séptimo en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, para lo cual dicha inscripción se realiza de manera ilegal.

La ilegalidad consiste en que, de acuerdo a que en términos del artículo 92, fracción III, inciso “A”, de la Ley del Registro Público de la Propiedad, del Estado de Puebla, el cual menciona que mientras estén vigentes los avisos, no podrá hacerse ninguna inscripción o anotación que perjudique a los derechos amparados por la operación o título protegido por aquellos.

Pero no sólo eso, además, de acuerdo a lo consultado con el propio personal del Registro, que facilitó esta información, explican y demuestran que con fundamento en los artículos 8, Fracción IV, 33,36,69,73,78 y 80 de la ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, así como el artículo 99, del reglamento del Estado de Puebla, se violentan los derechos de embargo, toda vez que la propiedad no es propiedad absoluta del embargado, sino sólo una parte proporcional, pero en dicha dependencia, inscriben o anotan la propiedad completa, con  el fin de beneficiar a terceros.

Evidentemente, en este caso, con esta inscripción, se cometió un acto de corrupción, debido a que evadiendo el marco legal referido, se ejecutó dicha inscripción, perjudicando derechos del embargado y de terceros beneficiados previos.

Pero otra muestra más de la corrupción en el RPPEP, y como prueba, es que el día 05 de octubre de 2023, pretenden nuevamente realizar la misma inscripción, del mismo embargo, mediante un oficio emitido nuevamente por el Juez Séptimo Mercantil del Estado de Puebla, y eso, cuando dicho embargo de la propiedad inscrita, ya se encontraba prescrita por el tiempo transcurrido, esto de acuerdo a al artículo 86 de la propia Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla.

Pero a pesar de lo anterior, y aun sin importarles el antecedente arriba referido, funcionarios públicos del RPPEP, emiten un certificado de libertad de gravamen en el mes de noviembre de 2023, sin hacer la observación obligatoria por ley, de que dicho gravamen, ya está, prescrito por el tiempo en ese momento; aún, así, ese mismo certificado fue presentado al Juzgado Séptimo en Materia Mercantil del Estado de Puebla.

El origen de la corrupción e irregularidades cometidas de forma reiterada, tanto en el Registro Público, como en el Juzgado Séptimo, está en los demandantes, principalmente Ana Gabriela Moreno Hernández, que con apoyo de su hermano José Manuel Moreno Hernández y el padre de ambos, José Manuel Moreno Apud, montaron una supuesta deuda de ocho millones de pesos, para hacerse de una propiedad, para lo cual presentaron una demanda mercantil mediante la cual lograron que fuera señalado el inmueble del supuesto deudor.

De entrada, la cantidad de ocho millones de pesos, es inverosímil, debido a que la supuesta prestamista Ana Gabriela Moreno, carece de una actividad remunerativa, que demuestre que cuenta con una fortuna y con la capacidad de prestar ocho millones de pesos.

En este supuesto préstamo hay otras interrogantes que se generan a partir de que la demandante no tiene registrada actividad alguna ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como lo establece el Sistema Financiero Mexicano, y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni cuenta con autorización de la Comisión Nacional para la  Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, y mu cho menos, el pago de impuestos por operaciones financieros de más de ocho millones, en un solo caso, ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con todas las carencias anteriores, de ser cierto el préstamo, se estaría ante un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y más, cuando ante el propio Juzgado, la supuesta prestamista arguye que el dinero lo llevó y entregó en maletas, es decir, en billetes en efectivo.

Pero para todo esto hay antecedentes.

El día 2 de marzo de 2022, Cinco Radio, Milenio Diario y La Jornada de Oriente, publicaron una nota .

“Con una venda en los ojos y un disparo en la cabeza hallan a taxista en San José El Aguacate”.

“Un taxista fue ejecutado con un disparo en la cabeza, pues su cuerpo sin vida y con una venda en los ojos fue encontrado la mañana de este miércoles a un costado de la carretera que conduce a Huehuetlán, en la comunidad de San José El Aguacate. 

Fue el hermano del sujeto, identificado como Eduardo Morales Sánchez, quien halló el cuerpo sin vida de éste gracias a la ubicación que arrojó su teléfono celular y después de que la víctima no llegó a su casa.

Según comentaron los familiares a los policías que atendieron el caso, el hombre se comunicó con su esposa alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles para informarle que ya se dirigía a su casa, pero no llegó.

El hermano del mismo empezó a buscarlo y acudió a la dirección que arrojó el teléfono celular, la cual indicaba la colonia San José Xacxamayo.

Se presume que el homicidio pudo tratarse de un ajuste de cuentas, por las condiciones en las que el cadáver fue encontrado.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento de cadáver y su posterior traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) e iniciar la indagatoria necesaria.  

Hasta ahí la nota de La Jornada de Oriente, y que Milenio y Cinco Radio la toman casi de forma idéntica, pues se basaron en la información que ofrecieron las instancias policiales y ministeriales correspondientes.

Pero aquí lo que destaca es que la víctima era el esposo de Ana Gabriela Moreno, a la vez, cuñado de José Manuel Moreno Hernández y yerno de José Manuel Moreno Apud, propietario de la empresa Radio Taxis.

El día que el taxista fue ejecutado, los tres parientes mencionados, no dijeron nada, guardaron silencio absoluto, como un intento de pasar desapercibidos y de que no se les vinculara con el ejecutado.

Hubo rumores de que el ejecutado, montaba deudas. Como la que aquí se describe.

Quienes incurren en irregularidades reiteradas, en este caso, por parte del Registro Público, han sido el director del Instituto Registral y Catastral  del Estado de Puebla, Jaime Calderón Vázquez, y la registradora Graciela Esmeralda Jazmín Trueba Hernández, quienes fabricaron los movimientos, pero por los casos de corrupción que se han dado en esa instancia gubernamental, tanto ellos como otros servidores públicos, ya han dejado de trabajar ahí, pero quienes les sustituyen, continúan con la corrupción que ya es normal en ese tipo de dependencias.

Hay rumores de que el padre, la hija y el hijo, implicados en otros casos, incluso se hacen pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no es cierto, porque ahora que la Operativa Barredora del CJNG, realiza una limpia de quienes se hacen pasar por ellos, han bajado su perfil y sus movimientos por temor a correr la misma suerte que tuvieron los siete ejecutados en el Anillo Periférico la semana pasada.